Opinion

Rafael Luciani: «¿Qué piden los Obispos y el Papa al gobierno venezolano?»

En este breve escrito ofrecemos la posición que han asumido distintas voces que hacen vida en la Iglesia de Venezuela y del Continente ante la crisis sociopolítica y humanitaria que padecemo

Durante todos estos años de crisis socipolítica, 4 han sido las condiciones en las que la Iglesia venezolana y el Vaticano han insistido que «debían acompañar una verdadera negociación»

Estas 4 condiciones son «elecciones, restitución de la Asamblea Nacional, apertura del canal humanitario y liberación de los presos políticos»

Desde 2014 hasta 2017 todas las Iglesias locales de América Latina y el Caribe decidieron, unánimemente, tomar posición frente a la situación del país y denunciar que «se vuelve insostenible la falta de alimentación, la falta de medicinas y la falta de libertades»

Recientemente, el 17 de septiembre de 2019, Arturo Sosa SJ, Prepósito General de los Jesuitas, nacido en Caracas, pidió a Maduro que renunciara y abriera paso a nuevas elecciones, enfatizando que se necesita un «cambio de gobierno y apoyo internacional durante una transición»

El 8 de Junio de 2017, el Papa Francisco dijo a los miembros de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana: «en la voz de los obispos venezolanos también resuena la mía». A diferencia de otros pontificados, el reconocimiento de Francisco es a lo que han discernido y decidido los obispos locales, quienes conocen su realidad, y no lo que Roma pueda pensar desde lejos. En este breve escrito ofrecemos la posición que han asumido distintas voces que hacen vida en la Iglesia de Venezuela y del Continente ante la crisis sociopolítica y humanitaria que padecemos.

Las 4 condiciones del Vaticano

Luego de un proceso de facilitación entre el gobierno y la oposición, el Vaticano dio a conocer, el 2 de diciembre de 2016, cuatro condiciones que debían acompañar una verdadera negociación con el gobierno: «elecciones, restitución de la Asamblea Nacional, apertura del canal humanitario y liberación de los presos políticos». Pocos meses después, el Papa declaraba, durante el regreso de su viaje apostólico a Egipto, el 29 de abril de 2017, que el diálogo «no resultó porque las propuestas no eran aceptadas» no sólo por la oposición política que, en ese momento, carecía de unidad política y estratégica, sino fundamentalmente por el gobierno, cuya falta de seriedad y coherencia la describió como un: «»sí,sí» pero «no, no»».

Ante la feroz represión en contra de las protestas de la población, el Papa hizo un «llamamiento al gobierno para que se evite cualquier ulterior forma de violencia, sean respetados los derechos humanos y se busquen soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está extenuando la población». Un día después de este viaje, el domingo 30 de abril de 2017 en su mensaje Urbi et Orbe, Francisco difundió y cuestionó para el mundo «la situación en Venezuela, con numerosos muertos, heridos y detenidos»; abogó por los «derechos humanos» y exhortó a «soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria». 

Paralelo a estas denuncias, el Papa ya se había reunido con Susana Malcorra, canciller argentina del recién electo gobierno de Macri, para conseguir el pronunciamiento en bloque de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay y Uruguay sobre la crisis venezolana. Una reunión que llevó a otras más, como parte del ejercicio silente de la diplomacia Vaticana y que inspiró lo que luego se crearía bajo el nombre de grupo de Lima.

Francisco Y Susana Malcorra

La movilización de la Iglesia latinoamericana en contra de la represión del gobierno venezolano

A casi dos meses del inicio de las protestas masivas, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) fijó posición, el 2 de abril de 2014, de forma pública y oficial, mediante el comunicado que lleva por nombre: «Responsables de la paz y el destino democrático de Venezuela». Los Obispos comienzan su análisis con una premisa muy clara: «la causa fundamental de la actual crisis es la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado Plan de la Patria, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario». Para lograr imponer este modelo de corte totalitario, basado en la lógica del pensamiento único y, por tanto, excluyente de todo otro modelo sociopolítico, se han puesto «restricciones a las libertades de información y opinión», se ha incrementado «la inseguridad jurídica y ciudadana» y se han promovido «los ataques a la producción nacional». Todo esto, bajo el peso de una «brutal represión de la disidencia política».

Las cosas se siguieron agravando y el 31 de marzo de 2017 la Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció denunciando que para el gobierno «todo gira en torno a lo político, entendido como conquista del poder, olvidando las necesidades reales de la gente». Luego, ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de eliminar la Asamblea Nacional, el episcopado declaró que «no se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados. Tenemos que defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Es hora de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas».

El 4 de abril 2017 se sumó la voz de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Venezuela contra «la falta de autonomía entre los cinco poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano», y subrayó «la indolencia del gobierno nacional ante la situación crítica que vive nuestro pueblo, demostrando una vez más que solo le interesa la lucha por mantenerse en el poder» en un contexto de «inminente dictadura». El camino inmediato para salir de la crisis, se lee en el documento, ha de pasar por el cumplimiento de tres exigencias: «respeto al Estado de derecho, separación de poderes, legitimidad del Parlamento».

Tres días más tarde, el 7 de abril 2017, la Compañía de Jesús en Venezuela, a través de la editorial de su revista SIC del Centro Gumilla, hizo pública su posición oficial: «nos enfrentamos a una dictadura como ciudadanos y como cristianos», la cual se consuma, a juicio de los jesuitas, con «las decisiones asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de fecha 28 y 29 de marzo que suponen un claro golpe de Estado y un desenmascaramiento definitivo del gobierno como una dictadura». Y añadió, en consonancia con la petición del Papa Francisco, que la solución a la crisis actual del país pasa, necesariamente, por las siguientes condiciones: «democracia con elecciones, liberación de todos los presos políticos, pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional, apertura a la ayuda humanitaria internacional y entierro de este modelo fracasado que atenta contra la vida de toda la población».

A este movimiento eclesial, se unieron las distintas Conferencias Episcopales Latinoamericanas. Entre ellas, el 21 de abril 2017, la Conferencia Episcopal Panameña se solidarizó con la posición de los obispos venezolanos expresando que «la difícil situación del país cada vez se hace más insostenible». Luego siguió la Conferencia Episcopal Colombiana reconociendo que «obispos, sacerdotes, religiosos y fieles laicos que en medio de dolorosas situaciones y privaciones, siguen trabajando por la defensa de los valores humanos». El día 26 de abril de 2017, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana declaró que «se trata de una situación donde está muerta y desaparece toda posibilidad de opinión divergente o contraria a quienes están en el poder, se abre la puerta a la arbitrariedad, la corrupción y la persecución, un despeñadero hacia la dictadura». A lo largo de ese mes de abril se solidarizaron también, entre otras, las Conferencias Episcopales de Uruguay y Chile, así como la boliviana, que el 2 de mayo de 2017 se pronunció en torno a «la violencia fratricida, pobreza abrumadora y pérdida de la vigencia de los derechos humanos».

Una nueva expresión de la colegialidad eclesial se manifestó entre el 9 y el 12 de mayo de 2017, cuando se celebró en San Salvador la XXXVI Asamblea Ordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). Allí, todas las Iglesias locales de América Latina y el Caribe decidieron, unánimemente, tomar posición frente a la situación de nuestro país y denunciar que «se vuelve insostenible la falta de alimentación, la falta de medicinas y la falta de libertades».

Un último ámbito de conciencia eclesial internacional que no podemos pasar por alto es el comunicado publicado por la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. El 27 de abril de 2017, AUSJAL manifestó la «condena a los actos de represión que el gobierno está ejerciendo sobre quienes legítimamente salen a las calles a manifestar su protesta ante esta situación».

El llamado del Vaticano a desconocer la Constituyente

Ante todos estos pronunciamientos internacionales, el 13 de mayo de 2017, poco antes de que oficiara la misa solemne en Fátima, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolín, declaró nuevamente que «la solución para la grave crisis en Venezuela son las elecciones». Toda elección supone un cambio de gobierno o transición política. Por ello precisó, como ha dicho el Pontífice en repetidas ocasiones, que «se necesita mucha buena voluntad, empezando por el gobierno, que debe dar señales de que desea resolver la crisis y tener en cuenta el clamor del pueblo».

Esto llevó a que el 4 de agosto de 2017, el mismo Papa enviara de nuevo un comunicado muy fuerte a través de la Secretaría de Estado diciendo que: «la Santa Sede pide a todos los actores políticos, y en particular al Gobierno, que se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente Constitución; se eviten o se suspendan las iniciativas en curso como la nueva Constituyente que, más que favorecer la reconciliación y la paz, fomentan un clima de tensión y enfrentamiento e hipotecan el futuro; se creen las condiciones para una solución negociada de acuerdo con las indicaciones expresadas en la carta de la Secretaría de Estado de diciembre de 2016, teniendo en cuenta el grave sufrimiento del pueblo a causa de las dificultades para obtener alimentos y medicamentos, y por la falta de seguridad». Nuevamente se recuerdan las 4 condiciones que han de marcar la hoja de ruta hacia el restablecimiento de la democracia en Venezuela: «elecciones, restitución de la Asamblea Nacional, apertura del canal humanitario y liberación de los presos políticos».

«El nuevo período presidencial es ilegítimo y abre una puerta al desconocimiento»

El proceso desencadenado a partir de enero de 2019, desconociendo a Maduro como Presidente de Venezuela, responde a que las elecciones de mayo del 2018 se realizaron luego de que Maduro diera la orden de «inhabilitar a los partidos de oposición» para que no pudieran participar. Tanto la comunidad nacional como la internacional no reconoció este proceso electoral, por lo que el día 10 de enero del 2019 debía terminar su mandato de acuerdo con lo establecido en la Constitución.

Ante la negativa de Maduro por dejar el poder, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Presidente del Parlamento debe asumir las funciones del poder ejecutivo y facilitar una transición hacia un nuevo proceso electoral. Por ello, el 23 de enero, Juan Guaidó se juramentó ante la Constitución para asumir dicho deber y, a la vez, juramentó a todo el pueblo en la calle para que lucharan juntos, de forma no violenta, en pro de generar las condiciones hacia una transición democrática. Respaldado por más de 60 países, Guaidó pidió la realización de nuevas elecciones supervisadas por la comunidad internacional y el ingreso al país de ayuda humanitaria.

Maduro vs Guaidó

Estas exigencias habían sido expresadas claramente el 9 de enero de 2019 en la exhortación de la Conferencia Episcopal Venezolana que lleva como título: «Lo que hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños a mí me lo hicieron» (Mt 25,40). Los obispos exigieron al gobierno «el cambio que el país pide a gritos: la recuperación del Estado de Derecho según la Constitución y la reconstrucción de la sociedad venezolana, en dignidad, libertad y justicia para todos». Por tal motivo, dice la exhortación: «reiteramos que la convocatoria del 20 de mayo (para elegir el Presidente de la República) fue ilegítima, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el poder ejecutivo. Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución (…). La pretensión de iniciar un nuevo período presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen, y abre una puerta al desconocimiento del Gobierno», porque el Parlamento es el único poder que ha sido elegido por el voto popular, libre y directo, y actúa en consecuencia con ese mandato.

Luego de esta exhortación, el día 23 de enero se realizó una marcha multitudinaria en Caracas, acompañada por protestas en las ciudades principales del país. Todo este movimiento comenzó en las zonas populares, que son las que más han sufrido en estos años de la crisis humanitaria y de la brutal represión por las fuerzas policíacas del Estado, dejando un alto saldo de presos, torturados y más de 5.000 ejecutados extra judicialmente según el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la Dra. Michelle Bachelet. El 23 de enero se pudo apreciar como obispos, clero, religiosos, religiosas y los movimientos laicales de la Iglesia, se unieron al pueblo y a todos los movimientos sociales para pedir por una transición democrática.

Los teólogos(as) de la liberación en Venezuela, las obras de la Compañía de Jesús, así como la vida religiosa en general, han sido coherentes en sostener que el actual régimen de Maduro es ilegítimo y el país entró en una dictadura. Entre las declaraciones, la más reciente es la del jesuita Pedro Trigo SJ, miembro del Centro Gumilla y Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, quien calificó al régimen de Maduro como dictadura y llamó a luchar por una transición hacia la democracia.

Unidad de criterio entre el Vaticano, los obispos venezolanos y el Parlamento

En medio de críticas por parte de académicos y políticos latinoamericanos, el Papa vuelve a insistir, el 7 de enero de 2019 en su Discurso a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede: «Deseo para la amada Venezuela que se encuentren vías institucionales y pacíficas para solucionar la crisis política, social y económica, vías que consientan asistir sobre todo a los que han sido afectados por las tensiones de estos años y ofrecer a todo el pueblo venezolano un horizonte de esperanza y de paz».

El Cardenal Baltazar Porras —uno de sus más cercanos colaboradores— declaró el 6 de febrero de 2019 en una entrevista en Argentina que: «hay una unidad de criterio y de actuación plena y total, y un relacionamiento entre el Vaticano y los obispos venezolanos». Todas las acciones y posiciones de la Iglesia en todo este proceso sociopolítico han sido fruto de una acción colegiada y una comunicación constante entre el Papa, los obispos y los fieles católicos venezolanos. La hoja de ruta vaticana para un proceso de transición hacia la democracia es la misma que han pedido los obispos: «elecciones, restitución de la Asamblea, apertura del canal humanitario y liberación de los presos políticos».

La tercera vía: «neutralidad positiva» y el no reconocimiento de facto de Maduro

El día 8 de febrero de 2019, el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, declaró a una televisora italiana que «la actitud de la Santa Sede es de neutralidad positiva, no es la actitud de quienes se sientan delante de la ventana y observan de manera casi indiferente. Es la actitud de estar sobre las partes para superar el conflicto». ¿Qué significa este término en la Geopolítica Pastoral de Francisco?

Conferencia Episdcopal Venezolana


En primer lugar, se expresa la toma de posición de la Santa Sede ante la crisis actual. A diferencia de las posturas de Mexico y Uruguay, que se habían declarado «neutrales» aludiendo al principio de no intervención, el Vaticano decide agregar el adjetivo «positiva» para aclarar que su posición no es la de la doctrina Estrada, seguida por la política exterior mexicana, como tampoco la de auspiciar un nuevo diálogo como proponía la cancillería uruguaya.

En segundo lugar, es un término que especifica la dinámica propia de la diplomacia vaticana como Soft Power que trabaja Backchannel. Es decir, que no se mueve en base a declaraciones públicas inmediatistas ni calificaciones políticas de los regímenes, sino que se orienta a procurar acciones positivas para solucionar conflictos y producir cambios políticos reales que eviten derramamientos de sangre o mayores muertes en crisis humanitarias. Este tipo de acciones están las conversaciones tenidas con actores internacionales que tienen una voz fundamental para decidir el destino del caso venezolano, a saber, Cuba, Estados Unidos, Rusia y China.

Entre otras acciones que se han hecho, podemos destacar que el 7 de febrero de 2019, el Papa envió una carta a Maduro. Francisco, como cabeza de la Iglesia y Jefe del Estado Vaticano llamó a Maduro «Señor», no reconociéndole como Presidente legítimo del segundo mandato que debía iniciar el 10 de enero de 2019. A la vez, la carta reclama la manipulación a la que fue obeto el proceso del diálogo facilitado por la Santa Sede, pues un diálogo verdadero «siempre debe buscar el bien común y no el interés de una parte». Finalmente, exige de nuevo las 4 condiciones que el Vaticano había puesto al gobierno, con dos claros ejes de acción para lograr un cambio: (a) dos acciones para lograr una transición política constitucional y pacífica: reconocimiento del parlamento y elecciones libres; (b) y dos acciones en pro del respeto de los derechos humanos: apertura de un canal humanitario y liberación de los presos políticos. El Vaticano decidió hacer pública la carta un día después de que Guaidó confirmara los pasos a seguir para que el día 23 de Febrero entrase la ayuda humanitaria en el país.

El llamado de Arturo Sosa SJ a realizar nuevas elecciones presidenciales

Muchas más han sido las declaraciones y tomas de posición de actores eclesiales importantes. Recientemente, el 17 de septiembre de 2019, Arturo Sosa SJ, Prepósito General de los Jesuitas, nacido en Caracas, pidió a Maduroque renunciara y abriera paso a nuevas elecciones, enfatizando que se necesita un «cambio de gobierno y apoyo internacional durante una transición».

Como cristianos, los venezolanos no perdemos la esperanza y sabemos que hay personas e instituciones que están trabajando, nacional e internacionalmente, por un cambio en Venezuela. Recordemos las palabras de Francisco en Paraguay: «las ideologías terminan mal, no sirven, las ideologías tienen una relación incompleta, enferma o mala con el pueblo porque no asumen al pueblo; siempre terminan en dictaduras» (Visita Apostólica al Paraguay, 2015). Aún más claro, fue lo que le dijo a Raúl Castro en la Plaza de la Revolución de la Habana: «el servicio nunca es ideológico; ya que no se sirve a ideas, sino a las personas» (Visita Apostólica a Cuba, 2015).

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